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ALGUNOS ANTECEDENTES DE LA JURISPRUDENCIA EN MÉXICO. LAS DISCUSIONES SOBRE EL “PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO”[1], EL INTENTO DE INCORPORACIÓN AL DERECHO MEXICANO DE LA JUDICIAL REVIEW NORTEAMERICANA Y LOS REPORTS, Y OTRAS APORTACIONES DE IGNACIO MARISCAL. julio 19, 2009

Posted by Emmanuel G. Rosales. in Case Law & Jurisprudence.
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La jurisprudencia en México es una institución que proviene de la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar las leyes; no se trata de una institución perteneciente del juicio de amparo como en muchos casos se ha afirmado o se ha entendido; frecuentemente ambas instituciones han sido asociadas a pesar de sus notorias diferencias y finalidades.

 

Esta relación empírica de conceptos surge del desarrollo histórico de la jurisprudencia —el cual regularmente se ha venido presentado con motivo de reformas, enmiendas y cambios relacionados con el juicio de amparo—; y de la circunstancia de que las bases generales de integración, modificación e interrupción de la jurisprudencia se desarrollan y contienen en mayor medida en la Ley de Amparo.

 

La jurisprudencia, en su connotación actual, tiene su origen en las discusiones del Congreso Constituyente del Pacto Federal de 1857; cabe señalar que en la mayoría de los textos y trabajos sobre su fundación se ha reconocido a Ignacio Luis Vallarta como se creador pues a él se le atribuye la propuesta sobre el mecanismo jurisprudencial, la cual aparece en el texto de la iniciativa del Ejecutivo Federal que dio lugar a la Ley de Amparo de 1882 presentada ante el Congreso de la Unión (siendo la Cámara de Senadores la de origen); tal iniciativa fue elaborada en su momento por dicho jurista jaliscience en su carácter de Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

 

Ignacio Luis Vallarta

 

Sin embargo, Don Lucio Cabrera Acevedo, después de una interesante y muy detallada investigación, arriba a conclusiones diversas que parecen contradecir fundadamente las versiones vallartistas de los orígenes de la jurisprudencia.

 

El primer dato proviene del Congreso Constituyente de 1857, específicamente en la parte concerniente a la discusión acerca de la incorporación al Pacto Federal del juicio de amparo y particularmente del llamado Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo.

 

En el disenso, algunos constitucionalistas discreparon de la idea de que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley sólo surtiera efectos a favor de los quejosos que pidieron amparo y, como argumento de contraposición, se refirieron al medio de control constitucional norteamericano llamado “judicial review”[2]  y a las facultades de los tribunales norteamericanos de revisar la constitucionalidad de las leyes y declarar su “anticonstitucionalidad” con efectos erga omnes y cuasi derogatorios, el más vehemente e informado de ese grupo constitucionalista opositor fue Don Ignacio Mariscal.[3]

 

 

IMariscal

            Las discusiones a favor de la declaración general de inconstitucionalidad de leyes en amparo no fructificaron, el principio de relatividad de las sentencias prevaleció, pero el debate y las intervenciones de Ignacio Mariscal, así como sus ilustrativas referencias a la judicial review y a los reports norteamericanos produjeron los siguientes logros en el texto constitucional aprobado de 1857:

 

a)     La publicación de las sentencias de amparo; y

 

b)     La conciencia en el Congreso Constituyente del sistema inveterado de precedentes del Common Law, así como de la fuerza cuasi legislativa de los precedentes judiciales en Norteamérica.

 

“Mariscal sostuvo que las sentencias pueden tener la misma fuerza que una ley, tal como sucede en Estados Unidos…”[4]

 

Fue hasta la Ley de Amparo de 1869 (propuesta por el propio Ignacio Mariscal, entonces Ministro de Justicia e Instrucción Pública) que se hizo manifiesta la urgente necesidad de uniformar los criterios en la interpretación de normas para la generación de estados de seguridad jurídica y equidad, o dicho en otras palabras, de unificar la interpretación del derecho[5] facultando a la Suprema Corte de Justicia para estos efectos.

 

La propuesta no fue totalmente aceptada debido a que, en aquella época, el país atravesaba políticamente por una etapa de repulsión hacia el centralismo, y la uniformación de los criterios judiciales por parte de Suprema Corte de Justicia de la Nación con efectos vinculativos referidos a la totalidad de los jueces de la república (comunes y federales), podía ser considerada una práctica centralista.

 

Sin embargo, con dicho proyecto hubo logros parciales para Mariscal pues a pesar del rechazo por parte del Congreso a la idea de facultar a la Suprema Corte de Justicia para emitir criterios judiciales obligatorios en la República,  cuando menos logró que se reconociera la necesidad de uniformar los criterios judiciales, lo que se reflejó en la nueva ley al momento de imponer la obligación a los Jueces de Distrito de que, una vez dictadas las sentencias, éstas fueran remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oficiosamente, para su revisión y de esta manera el Alto Tribunal  retuvo la facultad de resolver, en última instancia, sobre el juicio de amparo y evitar con ello el caos y dispersión de los criterios que rigen los fallos jurisdiccionales.

 

Es evidente que Mariscal fue introduciendo paulatinamente diversos  conceptos del derecho norteamericano (principalmente el valor y peso jurídico de las razones contenidas en los precedentes judiciales) e incluso escribió un pequeño opúsculo titulado “Algunas Reflexiones sobre el Juicio de Amparo” en octubre de 1878, en el que delineó nítidamente las características de la jurisprudencia y principalmente su sistema de obligatoriedad e integración mediante la aprobación de 5 resoluciones dictadas en el mismo sentido sin ninguna otra en contra.

 

En ese mismo año (1878), el entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, desconoció la legalidad de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como Presidente de la República; ello motivó que se volviera a estudiar una reforma a la Ley de Amparo de 1869 con el objeto de “despolitizar” la Corte.[6]

 

 

 

 

Jose_Maria_Iglesias_1823-1891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29_%20Lerdo%20Tejada-Sebastian

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebatian Lerdo de Tejada.

 

 

 

En el proceso de reformas se presentó una iniciativa del Ejecutivo Federal que fue materialmente elaborada en su nombre por Don Ignacio Luis Vallarta quien para aquel entonces ya era Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y éste, quizá por inspiración del pensamiento de Mariscal, propuso el sistema jurisprudencial desarrollado por el segundo, coincidiendo en el establecimiento de criterios obligatorios después de cinco precedentes.

 

Así, después del proceso legislativo, la Ley de Amparo de 1882, fue la primera en contener la jurisprudencia en los artículos 34, 41, 47 y 70, cuyos textos eran los siguientes:

 

“Artículo 34. Las sentencias pronunciadas por los jueces, serán en todo caso fundadas en el texto constitucional de cuya aplicación se trate. Para su debida interpretación se atenderá al sentido que le hayan dado las ejecutorias de la Suprema Corte y las doctrinarias de los autores.[7]

 

Artículo 41. Las sentencias de la Suprema Corte deben ser fundadas exponiendo las razones que considere bastantes el tribunal para fundar la interpretación que hace de los textos de la Constitución y resolviendo por la aplicación de éstos las cuestiones constitucionales que se traten en el juicio. Cuando esas sentencias no se voten por unanimidad, la minoría manifestará también por escrito los motivos de su disensión.[8]

 

Artículo 47. Las sentencias de los jueces de Distrito, las ejecutorias de la Suprema Corte y los votos de la minoría de que habla el artículo 41 se publicarán en el Periódico Oficial del Poder Judicial Federal. Los tribunales para fijar el derecho público, tendrán como regla suprema de conducta la Constitución federal, las ejecutorias que la interpreten, las leyes emanadas de ella y los tratados de la República con las naciones extrangeras (sic).[9] [10]

 

Artículo 70. La concesión o denegación del amparo contra el texto expreso de la Constitución o contra su interpretación fijada por la Suprema Corte, por lo menos en cinco ejecutorias uniformes, se castigará con la pérdida de empleo y con prisión de 6 meses a 3 años si el juez ha obrado dolosamente, y si solo ha procedido por falta de instrucción o descuido, quedará suspenso de sus funciones por un año.”[11]

 

Evidentemente, asiste razón a Lucio Cabrera Acevedo cuando considera a Don Ignacio Mariscal como el fundador de la jurisprudencia.[12]

 

Acosta Romero y Pérez Fonseca, así como Jorge Mario Magallón Ibarra[13] también consideran a Ignacio Mariscal como padre de la jurisprudencia, afirmaciones que se comparten plenamente en este trabajo.

 


 

[1] Existe una importante corriente histórica que sostiene que la llamada “Fórmula Otero” o “Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo” no emana directamente del pensamiento de Mariano Otero, ciertamente él la propuso al Congreso Constituyente de 1854, pero no fue él quien la ideó, sostienen. Al parecer existen nociones y elementos que dibujan este concepto en la Constitución Yucateca de 1841, documento que se atribuye a Rejón, quien a su vez, afirman, no es autor de la idea, sino que a su vez la tomó del pensamiento de  Alexis de Tocqueville. Hechas estas aclaraciones, y por compartirlas el autor, no se utilizará en este ensayo la mención “Formula Otero” sino “Principio de Relatividad de las Sentencias de Amparo” para referir a la regla consistente en que las sentencias de amparo no tienen efectos erga omnes sino solamente se limitan a amparar a los individuos que solicitaron la protección federal sin hacer declaraciones generales.

 

[2] Se trata del sistema norteamericano a través del cual se controla la constitucionalidad de las leyes. Cfr. Fernandez Segado, Francisco. La obra del Juez Marshall y la Doctrina de la Judicial Review, en Estudios Jurídicos Constitucionales. Primera edición, 2003, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 237 a 248.

 

[3] Cfr. Carbrera Acevedo, Lucio. Op. Cit. p. 232.

 

[4] Cabrera Acevedo, Lucio. Op Cit. p. 232.

 

[5]  Suprema Corte de Justicia de la Nación.  La Jurisprudencia en México. 2002, Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis,  pp. 244 y ss.

[6] Es conveniente mencionar que la discusión sobre la posible reforma a la Ley de Amparo había comenzado desde el 4 de octubre de 1877, lo que se puede corroborar con la sesión de dicha fecha que aparece en Historia del Amparo en México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo IV, primera edición, 1999, página 15; y durante dicho proceso legislativo, sobre la marcha, se presentaron diversas iniciativas, tales como, la presentada por los entonces Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 4 de abril de 1878, Op. Cit, páginas 40 y ss. A la cual se acompañó un Proyecto de Ley; y la presentada por el Ejecutivo Federal de 1881, Ibídem, págs. 441 y ss. elaborada materialmente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Don Ignacio Luis Vallarta a la que se acompañó también un proyecto de ley, y que finalmente fue aprobada con ligeras modificaciones.

 

[7] Texto tomado de Vega, Fernando. Edición Facsimilar de la Nueva Ley de Amparo y Garantías Individuales de 1883. Escuela Libre de Derecho, Miguel Ángel Porrúa Librero Editor, México, 1987, p. 144.

 

[8] Op. Cit., p. 217.

 

[9] Op. Cit., pp. 226 y 227.

 

[10] El jurista Fernando Vega al comentar el artículo antes transcrito, opina: “La nueva Ley eleva a la categoría de DOCTRINA una decisión unísona en 5 casos. La teoría que cuente con ese finísimo apoyo, puede aspirar al honroso nombre de JURISPRUDENCIA, pudiendo y debiendo servir de motivo a los Jueces de la Federación. Pues bien; la teoría que puede servir a los Jueces de motivo para pronunciar un fallo, indudablemente que puede ser también  fundamento a los ciudadanos para oponerse al cumplimiento de los actos que engendren una violación de garantías. La jurisprudencia constitucional, como resultado inmediato de la interpretación usual y como emanación de nuestra carta política, tendrá su mismo prestigio y su propia sanción ¿y podrá prohibirse la invocación de nuestros preceptos fundamentales, para resistir con su apoyo las leyes que hieren sin piedad esos preceptos?” Op. Cit. p. 231.

 

[11] Op. Cit., p. 274.

 

[12] Cfr. Cabrera Acevedo, Lucio.  Op. Cit. p. 243.

 

[13] Cfr. Acosta Romero, Miguel. Pérez Fonseca, Alfonso. Derecho Jurisprudencial Mexicano.  Primera Edición. Porrúa, México, 1998, pp. 30 y 31; y Magallón Ibarra, Jorge Mario, Los Sonidos y el Silencio de la Jurisprudencia Mexicana, primera edición, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, pp. 255-259.

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Comentarios»

1. arturo zamora zamora - junio 3, 2010

buenos dias, somos estudiantes a nivel bachillerato y dentro de la materia de historia de mexico, nos pidieron las caracteristicas fisicas, gustos, aficiones y en su caso vicios de algunos personajes como: Guillermo Prieto Pradillo, Benito Juarez Garcia, Jose María Iglesias Isurruaga, Sebastian Lerdo de Tejada, Maximiliano de Andsburgo y Mariano Escobedo, le agradeceria que despejara la ignaorancia de saber donde encontrar esos datos de tan ilustres personajes, participes de nuestra Historia, muchas gracias.


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